El ex subsecretario de Previsión Social advirtió que falta tiempo para que Gobierno y oposición puedan lograr puntos en común en el Senado en lo relativo a la reforma de pensiones, ya que lo fue aprobado en la Cámara fue sólo un cascarón. Para él, el apuro pasa porque algunos ministros tendrían que renunciar en octubre de este año para postular a un puesto en el Congreso.
Pese a que el Gobierno y la oposición parecían estar cerca de un acuerdo en materia de pensiones tras el trabajo de una comisión técnica en donde participaban asesores de los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado, sorprendieron las declaraciones de la ministra Jeannette Jara la semana pasada en la cual llamaba a votar la reforma durante julio, aún aunque no hubiera acuerdos sellados entre las partes.
Las alarmas se levantaron en la oposición, que veía cómo los acuerdos en pensiones (que, en opinión de ellos, estaban cercanos) se podían caer por el excesivo apuro del Ejecutivo en votar la reforma antes de poder cerrar y discutir los temas que quedaban pendientes.
Ante ese escenario, algunos expertos comenzaron a postular que las razones detrás del apuro no tenían tanto que ver con la reforma y que todo pasaba por un tema político. Así, el exsubsecretario Pedro Pizarro, y actual vicepresidente de RN, apuntó en una columna publicada por el sitio Ex Ante que el apuro respondía a “las legítimas aspiraciones parlamentarias que podrían tener algunos de los representantes del Ejecutivo involucrados en la discusión de la reforma”.
Pizarro, de esta manera, no se refería precisamente a las elecciones municipales de noviembre, que se cita muchas veces como un plazo relevante para llegar a acuerdo en pensiones, sino que a la norma que obliga a quienes están hoy en cargos públicos a renunciar a ellos al menos un año antes de participar en una elección. Así, aquellos interesados en una carrera al Parlamento en 2025, deben renunciar a sus cargos durante octubre de 2024 para poder postular.
“Si bien, es conocido que los periodos electorales cambian ciertas prioridades políticas”, escribió Pizarro, “también sabemos que no es factible que un concejal, un alcalde, un gobernador o un consejero regional pueda mover la aguja en el tema previsional, dadas sus atribuciones […] Entonces, una cosa son los tiempos del gobierno y otros son los tiempos de aquellos que tienen una legítima aspiración parlamentaria”, recordó.
Pizarro, además, puso como ejemplo que la PGU se aprobó en los últimos meses del gobierno del Presidente Piñera, por lo que votar apresuradamente no se justificaría. “El Gobierno del Presidente Boric culmina el 11 de marzo de 2026. La jugada debe ser en cuanto a la obtención de mejores datos para de verdad subir las pensiones haciéndose cargo de las causas, pero en ningún caso, una votación apresurada”.
